El Congreso local reformará entre marzo y mayo la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Puebla, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones y el tope a indemnizaciones por actos administrativos irregulares del Estado.
La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, informó que los ajustes se realizarán antes del 15 de marzo cuando concluye el segundo periodo ordinario de sesiones, o en el tercer periodo que iniciará el próximo 15 de mayo.
“Entiendo que es un tema de tasar el monto que se había establecido, entonces, tendremos que estarlo revisando y lo estaremos sacando si nos da tiempo antes de que salgamos, sino regresando inmediatamente sería de los primeros (asuntos) que tendríamos que dar respuesta”, dijo.
Artemisa García aseguró que el área jurídica ya revisa el sentido de la sentencia que dictó la Suprema Corte el pasado 18 de febrero.
Indemnización no tendrá un límite en la Ley de Responsabilidad
El máximo tribunal constitucional del país determinó que si una persona sufre daños a sus bienes o derechos por irregularidades del gobierno del estado, ayuntamientos o el Congreso de Puebla, el monto de la indemnización no tendrá un límite en la Ley de Responsabilidad Patrimonial.
Esto significa que la indemnización que se otorgue debe ser de acuerdo a la dimensión del daño causado, siempre y cuando sea ocasionado por omisiones o irregularidades gubernamentales.
El Pleno de la Corte también resolvió que las personas menores de 15 años y quienes no reciban un sueldo, pueden acceder al derecho de reparación, al no basarse la indemnización en la Ley Federal del Trabajo.
Entre otras cosas, invalidó el tope máximo de 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a 2 millones 262 mil 800 pesos en 2025, que el Congreso local estableció para el pago de la indemnización por daño moral como consecuencia de actos administrativos irregulares del Estado.
A más tardar en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 15 de mayo, el Congreso deberá reformar la ley para subsanar los visos de inconstitucionalidad advertidos por el Alto Tribunal.
