La propuesta de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB), que busca digitalizar el 80% de los trámites y reducir a la mitad los tiempos de gestión, fue objeto de análisis por parte de México Evalúa y Coparmex en un foro con líderes del sector privado, expertos en ciberseguridad y especialistas en mejora regulatoria.
Ambas organizaciones reconocen el valor de la simplificación administrativa, pero advierten que la iniciativa, tal como está planteada, podría debilitar controles anticorrupción, restar transparencia y comprometer la seguridad jurídica de empresas y ciudadanos.
Lo bueno: una agenda necesaria
Con más de 300 mil trámites registrados en los tres niveles de gobierno, el exceso de burocracia es una carga que frena la productividad. En promedio, una MiPyME mexicana dedica 500 horas al año solo a trámites, según datos de México Evalúa. La digitalización puede ser un motor de competitividad, siempre que esté bien diseñada.
La ley propone herramientas como Llave MX, una identidad digital única, y la creación de expedientes electrónicos con validez legal. Estos avances permitirían eliminar redundancias y reducir costos operativos, abriendo paso a una administración más ágil.
Los pendientes: participación, diseño y ciberseguridad
Sin embargo, los expertos insisten: no se puede digitalizar un trámite ineficiente sin rediseñarlo primero. Además, se señala la falta de participación ciudadana, la eliminación de consejos locales y observatorios, y la centralización de decisiones como riesgos para la calidad regulatoria.
“La mejor forma de simplificar es hacerlo con el usuario”, expresó Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad de Coparmex.
Otro punto crítico es la ciberseguridad. México concentra el 55% de los ciberataques en América Latina, y la iniciativa no garantiza desde la ley los derechos digitales, ni ofrece soluciones claras para municipios con baja conectividad o población sin acceso digital.
Recomendaciones clave para avanzar con éxito:
- Rediseñar los trámites antes de digitalizarlos.
- Preservar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) como herramienta de control.
- Incluir al sector privado y sociedad civil en el proceso.
- Invertir en infraestructura digital y alfabetización para cerrar brechas.
- Blindar legalmente los derechos digitales y fortalecer la protección de datos.
- Asegurar presupuesto transexenal que garantice continuidad.
- Respetar la autonomía estatal y municipal en la implementación.
El encuentro, moderado por la periodista Diana Baptista, reunió a especialistas como Mariana Campos (México Evalúa), Juan de Dios Barba (Coparmex), Ana Lilia Moreno, Jorge Ortiz (The FinTech Hub), Sissi de la Peña (Academia Mexicana de Ciberseguridad), entre otros.
En resumen
México necesita avanzar en la digitalización del gobierno, pero no a costa de la gobernanza ni la inclusión. Una buena ley puede ser un catalizador para el desarrollo, pero solo si se construye con evidencia, diálogo abierto y enfoque ciudadano.
