Diversas organizaciones del sector empresarial manifestaron su rechazo a la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de regularizar viviendas ocupadas de manera ilegal mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra y subsidios.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Coparmex, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), esta medida representa una amenaza directa al estado de derecho, la certidumbre jurídica y el patrimonio de los trabajadores que cotizan en el Instituto.
Las organizaciones advierten que el Infonavit no está legalmente facultado para disponer de viviendas que no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad. Además, señalaron que formalizar la ocupación sin escrituración implicaría legitimar la invasión como un mecanismo de acceso a la vivienda, sentando un precedente perjudicial para la legalidad y el sistema de financiamiento habitacional del país.
Según cifras presentadas, la Secretaría del Bienestar ha censado alrededor de 168 mil viviendas —de un universo estimado de 843 mil— habitadas por personas sin vínculo legal alguno con el Infonavit ni con los propietarios originales. La posibilidad de que estos inmuebles sean entregados a precios por debajo del valor de mercado es vista por el sector empresarial como una decisión que compromete los intereses de los derechohabientes.
En este contexto, los representantes empresariales destacaron la importancia de fortalecer el marco institucional y financiero del Infonavit. Señalan que el Instituto enfrenta un deterioro significativo en su cartera crediticia: el índice de morosidad pasó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024. Incluyendo los créditos segregados, el incumplimiento de pago afecta ya a uno de cada tres financiamientos otorgados.
También se advirtió que la decisión de no desalojar a acreditados con pagos vencidos —extendida ahora a ocupantes sin vínculo con el Instituto— podría deteriorar aún más la situación financiera del organismo. Los empresarios subrayaron que muchas de las viviendas invadidas forman parte del patrimonio de trabajadores que han cumplido con sus obligaciones o tienen un proceso legal vigente.
El sector empresarial hizo un llamado a las autoridades, especialmente a la Asamblea del Infonavit, para frenar cualquier intento de legalizar la ocupación irregular de inmuebles. Reiteraron que el Infonavit no cuenta con atribuciones para otorgar escrituras, créditos o contratos de renta a personas no afiliadas. Este tipo de atención debe ser canalizada a través de instancias como la SEDATU o la CONAVI.
Finalmente, las organizaciones firmantes reiteraron su compromiso con el fortalecimiento institucional del país, así como con el respeto a la propiedad privada, la transparencia y la legalidad como pilares fundamentales para garantizar el desarrollo económico y social de México.
