El Paquete Económico 2026 plantea un gasto total de 10.1 billones de pesos y prevé ingresos por 8.7 billones, lo que genera un déficit equivalente al 4.1% del PIB, cifra apenas inferior al nivel proyectado para 2025. Este escenario descansa en expectativas de crecimiento económico entre 1.8% y 2.8%, que estarán sujetas a la capacidad del gobierno para ofrecer seguridad, certeza jurídica y condiciones que fortalezcan la inversión.
De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), resulta positivo que las principales calificadoras internacionales mantengan la confianza en la política fiscal, aunque preocupa que el compromiso de déficit para 2025 (3.9%) esté calculado ahora en 4.3%. Para el organismo empresarial, es indispensable que el gobierno cumpla de manera efectiva con las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento establecidas en el proyecto.
Riesgos en gasto social y seguridad
El análisis del presupuesto revela decisiones que requieren especial atención. La Secretaría de Salud enfrentará una reducción de -3.2%, a pesar de que 44.5 millones de personas reportan carencias en acceso a servicios médicos. En educación, si bien el gasto crecerá 6.4%, este aumento sigue siendo insuficiente para revertir el rezago.
En materia de seguridad ciudadana, la disminución de -17.5% representa un riesgo para la protección de la población y puede debilitar la confianza de inversionistas.
Inversión pública y concentración en Pemex
El paquete contempla un aumento de 19.8% en inversión pública, con un total de 1.25 billones de pesos (3.2% del PIB). De este monto, 960.1 mil millones se destinarán a inversión física. Sin embargo, esta cifra aún está lejos de la meta del 5% del PIB considerada necesaria para detonar la inversión privada. Además, uno de cada cuatro pesos irá a Pemex, reduciendo la diversificación de proyectos estratégicos.
Incremento de impuestos y señales de incertidumbre
El aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, así como la eliminación de la deducibilidad de la cuota que los bancos pagan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), generan incertidumbre fiscal y pueden frenar la inversión. Coparmex advirtió que no existe evidencia clara de que estos impuestos reduzcan el consumo, mientras que sí afectan la confianza empresarial.
En cuanto a comercio exterior, la Ley de Ingresos 2026 proyecta un alza de 62.2% en impuestos de importación, equivalente a 97.7 mil millones de pesos adicionales. Este incremento, sumado a la próxima discusión sobre la reforma de la Ley Aduanera, podría presionar los costos de producción, generar inflación y restar competitividad, en especial a las MiPyMEs que dependen de trámites ágiles y eficientes.
Pensiones y deuda: presión sobre el presupuesto
El gasto en pensiones alcanzará 2.3 billones de pesos (6% del PIB), mientras que el costo financiero de la deuda se ubicará en 1.6 billones de pesos. Estos compromisos limitan el margen de maniobra para destinar recursos a sectores estratégicos.
Prioridad: MiPyMEs, seguridad y certeza jurídica
Coparmex destacó que las MiPyMEs, responsables de la mayoría de los empleos en el país, deben ser prioridad en la asignación de recursos. La inversión en infraestructura, capacitación, innovación tecnológica y programas de apoyo resulta clave para fortalecer su competitividad y generar empleo formal.
El organismo insistió en que el crecimiento económico de México dependerá de garantizar seguridad, Estado de derecho, certeza jurídica y condiciones favorables para la inversión. Solo bajo estas premisas, afirmó, será posible consolidar estabilidad fiscal, atraer capitales y asegurar un desarrollo sostenido que beneficie a toda la sociedad.
