Australia dio un paso histórico en la protección de la infancia digital. A un mes de la entrada en vigor de la ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, las plataformas eliminaron cerca de cinco millones de cuentas, una cifra que el Gobierno considera una señal alentadora del impacto inicial de la medida.
De acuerdo con el regulador de internet australiano, alrededor de 4.7 millones de cuentas fueron dadas de baja desde el 10 de diciembre, fecha en la que comenzó a aplicarse esta legislación, considerada la más estricta del mundo en materia de redes sociales y menores de edad.
La comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, calificó los resultados como positivos y destacó que las grandes plataformas están tomando acciones concretas para cumplir con la ley.
“Estoy muy satisfecha con estos datos preliminares. La orientación regulatoria y el trabajo conjunto con las empresas ya están dando resultados visibles”, afirmó.
Estos números representan el primer balance oficial del cumplimiento de la normativa y sugieren que las compañías tecnológicas están ajustando sus sistemas para impedir el acceso de menores de 16 años. El caso australiano ya despierta interés internacional: países como Dinamarca analizan implementar medidas similares, con propuestas que podrían convertirse en ley en 2026.
¿Funcionan realmente las nuevas normas?
La legislación australiana cambió el enfoque tradicional al colocar la responsabilidad directamente en las plataformas, y no en los padres o en los propios menores. Las empresas que permitan de forma reiterada el acceso a usuarios menores de 16 años se enfrentan a multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos.
Grant reconoció que aún existen reportes de cuentas activas de menores, pero subrayó que es prematuro evaluar el cumplimiento total.
“Como ocurre con otras leyes de seguridad, el éxito no se mide por la eliminación absoluta del problema, sino por la reducción del daño y el cambio de las normas culturales”, explicó.
Un impacto que se medirá con el tiempo
Según la comisionada, tres de los principales proveedores de verificación de edad del país señalaron que la implementación fue relativamente fluida. No obstante, insistió en que el verdadero impacto de la prohibición no se evaluará en semanas o meses, sino a largo plazo.
“Estamos al inicio de un proceso profundo. Algunos efectos positivos ya son visibles, pero los beneficios reales para los niños y las familias australianas podrían tardar años en manifestarse plenamente”, concluyó.
Australia, así, se convierte en un laboratorio global sobre cómo regular la vida digital de la infancia, en un debate que apenas comienza y que podría marcar el rumbo de la regulación tecnológica en los próximos años.
