La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la extorsión se consolidó como uno de los factores más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en el país, al afectar de manera directa la operación cotidiana, la inversión y las decisiones de crecimiento de las empresas, particularmente en regiones estratégicas.
De acuerdo con el organismo empresarial, este delito dejó de ser un fenómeno aislado o temporal para convertirse en una presión estructural que encarece costos, limita la expansión de los negocios y debilita la generación de empleo formal. Al cierre de 2025, los datos abiertos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que, pese a la reducción observada en algunos ilícitos, la extorsión continúa en expansión y sin señales claras de contención efectiva.
El análisis histórico confirma que se trata de un problema de largo plazo. En comparación con 2015, el número anual de víctimas de extorsión pasó de 6 mil 223 a 11 mil 081 en 2025, lo que representa un incremento cercano a 78.1% en una década. Esta tendencia sostenida generó un impacto negativo en la actividad económica local y en la confianza de los inversionistas.
A nivel estatal, la incidencia del delito presenta una alta concentración. Cinco entidades —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran 65.2% del total de víctimas registradas en el país. Asimismo, las 10 entidades con mayor número de casos acumulan 81.0% del total nacional. Durante 2025, 20 de las 32 entidades federativas reportaron incrementos anuales en la extorsión, lo que evidencia que el problema se expandió a casi dos tercios del territorio nacional.
Entre los aumentos más significativos destacan Tlaxcala, con un crecimiento de mil 300%; Chiapas, con 364.3%; Ciudad de México, con 264.4%; Nayarit, con 171.4%; Yucatán, con 100%; y Puebla, con 84.4%, todas con variaciones de dos y hasta tres dígitos respecto al año previo.
El análisis por tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, centrado en los 20 municipios con los niveles más altos del país, muestra una marcada concentración territorial. Guanajuato aporta ocho municipios a este grupo; la Ciudad de México, cuatro; y Nuevo León, dos; lo que refuerza la evidencia de que la efectividad —o ausencia— de estrategias locales de seguridad incide directamente en la expansión del delito.
En las regiones fronterizas, la extorsión también mantiene una tendencia al alza. El 17.35% de los casos se concentra en entidades colindantes, de los cuales 12.27% corresponden a la frontera norte y 5.07% a la frontera sur. No obstante, la frontera sur registró el mayor crecimiento anual, con un incremento de 37.4%, frente al 7.9% observado en la frontera norte, lo que incrementa la presión sobre corredores logísticos, cadenas de suministro y economías regionales clave.
Esta situación coincide con la experiencia directa de las empresas. De acuerdo con los resultados de DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, el 46.8% de las empresas reportó haber sido víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo ilícito con mayor número de casos. El 68.8% de los eventos ocurrió vía telefónica y en 31.2% de los casos el cobro se vinculó con autoridades o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el impacto económico y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho.
Ante este escenario, Coparmex señaló que la extorsión debe ser atendida como una prioridad nacional de política pública. Fortalecer el estado de derecho, garantizar condiciones efectivas de seguridad y combatir con inteligencia a los grupos criminales resulta indispensable para proteger la inversión, preservar el empleo formal y permitir que las empresas operen sin coerción.
El organismo empresarial informó que dará seguimiento puntual a la asignación presupuestal y a la conformación de estructuras especializadas acordadas en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, al considerar que sin condiciones mínimas de legalidad y certidumbre, el desarrollo económico del país continuará enfrentando limitaciones estructurales.
