Los indicadores disponibles, aunque aún preliminares, apuntan a que México cerró 2025 con un debilitamiento en su ritmo de crecimiento económico, resultado de una menor inversión, una producción limitada y un desempeño desfavorable del empleo formal. Este comportamiento confirma una tendencia de bajo dinamismo que se fue acumulando durante varios años.
Aun en el escenario más optimista —considerando el indicador oportuno de la actividad económica, que anticipa un crecimiento anual de 2.3% para diciembre—, el crecimiento promedio de la economía durante todo 2025 se ubicó en apenas 0.5%, cifra inferior al promedio anual de 0.7% registrado en los últimos siete años y significativamente menor al crecimiento promedio de 2.3% observado entre 1994 y 2018.
Este ritmo resulta insuficiente para compensar el crecimiento de la población, lo que se traduce en una pérdida de bienestar. De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 2019 y 2025 el PIB per cápita de México se redujo 0.9%, reflejando un estancamiento en el ingreso real de la población.
Inversión y empleo formal, los principales focos de alerta
La caída de la inversión es uno de los elementos más preocupantes del actual entorno económico. Este comportamiento refleja, en buena medida, las decisiones de los inversionistas ante un contexto de elevada incertidumbre, asociada a factores estructurales y de percepción de riesgo.
Un indicador claro de esta situación es la reducción en el número de empresas formales. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que durante 2025 el número de patrones disminuyó en 25 mil 667 registros, la mayor caída histórica. A ello se suma la pérdida de 17 mil 911 patrones en 2024, lo que implica que en los últimos dos años cerraron 43 mil 578 empresas formales.
Esta contracción se concentró principalmente en micro y pequeñas empresas, las más vulnerables a un entorno caracterizado por inseguridad, mayores costos laborales y debilidad institucional. Ante estas condiciones, muchas optan por trasladarse a la informalidad como mecanismo de supervivencia.
Alta informalidad y menor productividad
En este contexto, destaca el elevado nivel de informalidad laboral que persiste en el país. Actualmente, 55% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, no paga impuestos directos ni cuenta con seguridad social, y genera únicamente 26% del Producto Interno Bruto.
Una economía con estos niveles de informalidad presenta menores niveles de productividad, competitividad y bienestar, además de limitar la creación de empleos formales y de calidad, lo que reduce las oportunidades de desarrollo para la población.
Deterioro institucional y pérdida de confianza
A lo anterior se suma el deterioro en la percepción sobre el estado de derecho, la corrupción y la inseguridad, factores determinantes en la toma de decisiones de inversión. En los últimos años, los niveles de confianza se debilitaron de manera significativa, lo que llevó a México a perder posiciones en rankings internacionales.
En materia de corrupción, el país se ubicó en el lugar 134 de 143 países en 2025, lo que representa un retroceso de 17 posiciones respecto a 2019. Este deterioro también se reflejó en la encuesta anual de directores ejecutivos (CEO) elaborada por PwC, en la que México volvió a quedar fuera del top 25 de los países más atractivos para invertir en 2026.
Presiones en las finanzas públicas
En el ámbito fiscal, si bien se reconoce el esfuerzo de las autoridades por reducir el elevado déficit público, el crecimiento del gasto comprometido y el aumento del endeudamiento limitó el margen de maniobra.
Para 2026 se estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se incrementará en 1.3 billones de pesos, lo que elevará el costo financiero a un nivel cercano al 4.1% del PIB, frente al 3.4% registrado en 2024. Este aumento seguirá representando un factor de riesgo para la estabilidad fiscal.
El mayor peso del servicio de la deuda, combinado con las restricciones presupuestales, limita la capacidad del gobierno para expandir la inversión pública en infraestructura, uno de los principales detonadores de la inversión privada y del crecimiento económico de largo plazo.
Inflación y perspectivas de crecimiento
El año inició, además, con presiones inflacionarias. En la primera quincena de enero, la inflación anual se ubicó en 3.77%, impulsada principalmente por un aumento de 4.47% en el componente subyacente, que continúa mostrando resistencia a la baja.
Si bien para 2026 se anticipa una modesta mejora en la actividad económica, con un crecimiento ligeramente superior al 1%, este ritmo seguirá siendo insuficiente para detonar un crecimiento elevado, sostenido e incluyente.
Retos estructurales para impulsar el crecimiento
Ante este panorama, resulta indispensable avanzar en reformas estructurales que fortalezcan el estado de derecho, reduzcan la inseguridad y generen un ambiente de negocios más favorable. Estos elementos serán determinantes para recuperar la confianza de los inversionistas, estimular la inversión productiva y sentar las bases de un mayor crecimiento económico y bienestar para la población.
