La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado representa un retroceso para la justicia constitucional y la certeza jurídica en México.
Aunque la organización reconoció avances como la inclusión del interés legítimo colectivo y la imposición de sanciones a autoridades que incumplan sentencias, advirtió que aún existen disposiciones que podrían limitar derechos fundamentales y afectar la confianza en el sistema legal, así como la inversión y la generación de empleo.
El juicio de amparo, creado en el siglo XIX, es un instrumento histórico que permite a empresas, negocios familiares y ciudadanos defenderse de actos arbitrarios de autoridad. Por ello, Coparmex enfatiza que cualquier modificación a la ley debe fortalecer este mecanismo y no restringirlo.
Entre los principales puntos de preocupación se encuentran las restricciones al interés legítimo colectivo, que podrían dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente utilizaron el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública. Además, las nuevas reglas sobre la suspensión del acto reclamado podrían debilitar la eficacia inmediata del amparo en casos críticos, como bloqueos de cuentas bancarias o créditos tributarios, afectando la operación de negocios y, en consecuencia, la economía de muchas familias.
Otro aspecto crítico es la limitación en la garantía de créditos, que ahora se restringe a depósitos en efectivo o cartas de crédito, excluyendo opciones como inmuebles, prendas o negocios en marcha. Esto podría perjudicar a micro, pequeñas y medianas empresas, en desventaja frente a actores con mayor liquidez.
Coparmex también alertó sobre la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” que permite a las autoridades alegar falta de presupuesto o recursos para incumplir resoluciones, debilitando la función del amparo como garante efectivo de los derechos. Adicionalmente, la reincorporación de un artículo transitorio con efectos retroactivos podría afectar juicios en trámite, generando incertidumbre y vulnerando la certeza jurídica.
La organización hizo un llamado a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para revisar y corregir la reforma, escuchando a la sociedad civil, academia, colegios de abogados y al sector productivo. Coparmex insistió en la necesidad de preservar un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz, capaz de proteger a los ciudadanos, garantizar el Estado de derecho y mantener la confianza en las instituciones, asegurando así la justicia y el desarrollo económico del país.
