La economía informal continúa consolidándose como una alternativa recurrente para millones de personas y unidades económicas en México. Para numerosos hogares representa una fuente inmediata de ingresos, mientras que para micro y pequeñas empresas se convirtió en una vía para operar al margen de un sistema tributario y laboral percibido como costoso y complejo.
La informalidad adopta múltiples formas: desde el trabajo doméstico no remunerado y actividades sin reconocimiento oficial, hasta la venta de bienes y servicios en la vía pública. Su permanencia y expansión responden a una combinación de factores estructurales, entre los que destacan la tolerancia institucional y los elevados costos asociados a la formalización.
La ausencia de estrategias eficaces para fomentar la creación y consolidación de empresas formales limita la generación de empleos de calidad. De acuerdo con los resultados más recientes del Censo Económico, entre 2018 y 2023 se crearon 668 mil nuevas unidades económicas, de las cuales 511 mil surgieron en la informalidad. En ese mismo periodo se generaron 833 mil nuevos empleos; sin embargo, 856 mil se concentraron en el sector informal, mientras que la economía formal registró una pérdida neta de 24 mil puestos de trabajo.
Este comportamiento confirma la persistencia de un elevado nivel de informalidad. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2024 la economía informal representó el 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB), el porcentaje más alto registrado hasta ahora.
El mayor dinamismo del sector informal se observa a partir de 2021, con un crecimiento real acumulado de 25.0% entre 2021 y 2024, frente a un aumento de 11.3% en la economía formal. Dentro de la informalidad, el comercio al menudeo y la construcción concentran el 45.5% de la participación total.
No obstante, este crecimiento no se traduce en mayor productividad. Aunque poco más de la mitad de la población ocupada se encuentra en la informalidad, este sector genera apenas una cuarta parte del PIB nacional, lo que evidencia una brecha significativa en eficiencia y valor agregado frente a la economía formal.
Si bien históricamente la estructura del empleo en México se mantuvo relativamente estable —con alrededor de 45% de ocupación formal y 55% informal—, los datos recientes sugieren un cambio marginal en favor de la informalidad. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), a octubre se incorporaron 2 millones de personas a la ocupación informal, mientras que la formal disminuyó en casi 500 mil trabajadores.
Aun considerando el incremento de 48.5 mil trabajadores afiliados al IMSS en noviembre, el balance anual apunta a un debilitamiento del empleo formal. Además, el crecimiento del empleo registrado ante el IMSS se desaceleró en los últimos dos años y actualmente se ubica 6.4% por debajo de su tendencia previa a la pandemia.
Este panorama subraya la necesidad de generar un entorno que facilite la formalización de empresas nuevas y existentes, con reglas claras, certidumbre jurídica y expectativas razonables de crecimiento. Un estado de derecho sólido es un componente clave, ya que fomenta lainversión productiva, impulsa la creación de empleo formal y reduce la tolerancia institucional hacia la informalidad.
En este sentido, el Índice de Estado de Derecho 2025, elaborado por el World Justice Project, ubica a México en la posición 121 de 143 países, con una caída acumulada de 22 lugares en los últimos siete años y de cinco posiciones en los dos más recientes.
Finalmente, aunque un marco jurídico y regulatorio que facilite el emprendimiento puede incentivar la formalidad, persiste un factor disuasivo relevante: los elevados costos laborales no salariales. Mientras estos no se revisen de manera integral, la informalidad seguirá siendo una opción más accesible para amplios segmentos de la población y del aparato productivo.
