Anteriormente, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ya ha mencionado que limitar la semana laboral a 40 horas puede tener implicaciones importantes para las empresas, especialmente para las Micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), las cuales también han sido afectadas significativamente en su competitividad por aumentos en los costos laborales.
Actualmente, del total de trabajadores remunerados no agrícolas y con prestaciones sociales, cerca del 60% trabajan más de 40 horas a la semana, lo que a primera vista refleja lo costoso que sería para las empresas formales hacer frente a este cambio en la jornada laboral.
Si la ley se aprueba, las empresas tendrán que ajustarse a ello. Aunque habría diversas maneras de hacerlo, las empresas tendrán que decidir cuáles serían las mejores opciones, como podrían ser el pagar horas extras, utilizar otros contratos para sustituir los actuales, o simplemente llevar a cabo nuevas contrataciones.
El hecho es que el impacto sobre la sostenibilidad de las empresas si se quiere mantener su ritmo actual de actividad será considerable.
De lo contrario, el efecto sería una reducción de sus actividades. A nivel agregado, se afectaría la actividad económica y probablemente se generaría un exceso de demanda en los mercados; en todo caso, sería una incidencia negativa sobre el crecimiento económico y el empleo.
La magnitud del impacto según la decisión de las empresas puede ser variado, pero el hecho es que la mayor afectación sería sobre el costo de contratación del trabajador. Por ejemplo, si una empresa en la que los empleados trabajan 48 horas por semana decidiera continuar al mismo ritmo de trabajo pagando horas extras para conservarlo, enfrentaría un aumento del costo laboral que podría llegar a 36%, y sería muy superior si el número de horas extras es mayor.
Decidir por solo contratar nuevos trabajadores para compensar la reducción de la jornada laboral, probablemente tendría un costo menor, de aproximadamente 22%, pero aun así significaría un impacto importante. No hay que olvidar que el porcentaje de trabajadores que superan las 40 horas de trabajo a la semana equivale a más del 60%.
Posiblemente haya alternativas para moderar el aumento de costos que implica la reforma, aunque es un hecho que estas serían mucho más limitadas para las MiPyMEs.
Preocupa el hecho de que además de los efectos de la reducción de la semana laboral, las empresas han tenido que enfrentar otros factores que han incidido directamente en sus costos laborales, como los aumentos de los salarios mínimos, las mayores contribuciones de las empresas que implica la reforma de pensiones del 2021 y las vacaciones adicionales legisladas hace dos años. Un ambiente como este solo estimula la informalidad y hace a la economía menos productiva y competitiva.
Evidentemente, las empresas privadas no es que estén en contra de mejorar las condiciones laborales. Por una parte, la productividad permanece estancada desde hace varios años y, por la otra, la competitividad general del país no está mejorando porque las empresas, que son las principales generadoras de empleo, enfrentan un entorno en donde persisten elevados niveles de corrupción, inseguridad, violencia, así como sistemas de educación y salud deteriorados, que junto con la desaparición de los organismos autónomos que garantizaban un ambiente de mayor transparencia y regulación pro-competencia, son factores indispensables que de no mejorar no será posible reducir los costos de operación de las empresas ni mejorar su eficiencia.
La realidad es que, en la situación actual, las empresas se ven forzadas a reducir sus operaciones y sus costos sacrificando empleo. Esto se refleja ya en el empleo formal y significa problemas en el bienestar de los hogares. Las cifras más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que en abril el universo de patrones registrados se redujo en 26 mil 420 respecto al mismo mes del año pasado con su consecuente impacto en el total de trabajadores registrados.
Es importante señalar que el gobierno no genera empleos, pero sí tiene la obligación de propiciar un ambiente que le permita a las empresas tener la capacidad de crear el mayor número de puestos de trabajo de la mayor calidad posible. Esta es la mejor manera de fortalecer la situación de los hogares y eliminar la pobreza de forma permanente, más allá de programas asistenciales que pueden limitar el incentivo de las personas a ser productivas.
Las autoridades han sido renuentes a reconocer el deterioro en las condiciones económicas. En este contexto de desaceleración económica y creciente incertidumbre comercial y jurídica, es probable que el impacto negativo en el empleo y el bienestar de los hogares sea aún mayor.
México
La evolución de los precios al consumidor vuelven a mostrar resistencia a la baja. En abril el indicador general de precios aumentó 0.33%, impulsado por el incremento de 0.49% en los precios del indicador subyacente, dentro del cual los precios del rubro de mercancías creció 0.69%, su mayor aumento mensual desde enero de 2023. Por su parte, el indicador de precios no subyacente tuvo una disminución de 0.21%, en especial por el efecto de la baja 12.16% en los precios de la electricidad como consecuencia del inicio de las tarifas de temporada cálida en algunas ciudades del país. De esta manera, en términos anuales la inflación total como la subyacente se ubicó en 3.93%, de tal manera que fue su cuarto y quinto mes consecutivo al alza, respectivamente. La inflación no subyacente fue de 3.76%.
Después de dos caídas mensuales consecutivas, en febrero la inversión fija bruta tuvo un modesto repunte de 0.1%, impulsado principalmente por el alza de 1.7% en la inversión en construcción, especialmente en la relacionada con edificación que tuvo un avance de 5.8% en el mes. Por el contrario, la inversión en maquinaria y equipo se mantuvo a la baja al descender 1.1% en el mes. De esta manera, respecto al mismo mes del año pasado, la inversión fija bruta continuó a la baja al reportar un descenso de 6.0% que fue su sexta caída ininterrumpida.
En febrero el consumo privado tuvo un sorpresivo aumento mensual de 1.2%, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimaba un avance de solo 0.2%. No obstante, fue insuficiente para evitar que en su comparación anual se mantuviera en terreno negativo al caer 0.7%, acumulando tres caídas consecutivas.
El constante debilitamiento de la actividad económica ya se refleja en la dificultad para generar empleos formales. La incertidumbre sobre el futuro de la actividad productiva y los mayores costos laborales han propiciado que, por una parte, algunas empresas sean más cautelosas para realizar nuevas contrataciones, y por otra, la caída en el número de patrones ha aumentado recientemente. Las cifras más recientes del IMSS muestran que en abril el universo de patrones registrados se redujo en 26,420 respecto al mismo mes del año pasado, con el consecuente impacto en el registro de trabajadores.
Respecto al número de trabajadores asegurados al IMSS, los resultados indican que en abril sumaron 22.4 millones de personas, lo que significó una disminución mensual de 47 mil 442 registros. De esta manera, en periodo enero-abril solo se crearon 179 mil 289 nuevos empleos, la mitad del aumento del añopasado. Respecto al mismo mes del año pasado, el total de asegurados creció solo 0.2%, su menor avance desde el mismo mes del 2021.
