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Reducción de jornada laboral a 40 horas: ¿Qué deben considerar las empresas?

Secretaría del Trabajo anunció el arranque de foros y mesas de diálogo con el objetivo de trazar una ruta gradual y responsable para la transición

Foto: stockking / Freepik

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Con el compromiso de garantizar condiciones laborales más justas, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dado inicio a un proceso de consulta nacional para avanzar hacia la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales.

Trabajo
Foto: rawpixel / Pixabay

El 1 de mayo de 2025, la Secretaría del Trabajo anunció el arranque de foros y mesas de diálogo, que se realizarán del 2 de junio al 7 de julio en distintas ciudades del país. Estos espacios reunirán a representantes de empresas, sindicatos, trabajadores y especialistas con el objetivo de trazar una ruta gradual y responsable para la transición.

Aunque la propuesta de reducir la jornada laboral existe desde 2022, aún no ha sido aprobada por el Congreso ni publicada en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, la jornada de 40 horas aún no tiene fecha oficial de entrada en vigor, aunque el gobierno ha proyectado enero de 2030 como meta tentativa.

Trabajadores
Foto: pressfoto / Freepik

Para el sector empresarial, esto representa una oportunidad para anticiparse a los cambios. La reducción deberá considerar factores como:

  • Reorganización de turnos y rediseño de procesos productivos.
  • Evaluación del impacto en costos laborales y productividad.
  • Fortalecimiento del diálogo interno con trabajadores y sindicatos para una implementación gradual.
Empresa
Foto: rawpixel / Freepik

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece una jornada máxima de 48 horas semanales, con diferentes límites según el tipo de turno:

  • Diurna (06:00 a. m. a 08:00 p. m.): hasta 8 horas diarias
  • Nocturna (08:00 p. m. a 06:00 a. m.): hasta 7 horas
  • Mixta: hasta 7.5 horas
Jornada Laboral
Foto: CUsai / Pixabay

La presidenta Sheinbaum ha reiterado que este cambio busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar la competitividad del país. Por ello, su implementación será progresiva y en consenso con los sectores productivos.