La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero, así como la necesidad de garantizar la transparencia financiera en línea con los estándares internacionales. Sin embargo, advirtió que la minuta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, podría tener un impacto negativo en la operación de miles de empresas formales, en especial micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
El organismo empresarial expresó su preocupación por el riesgo de sobrerregulación que implicaría esta reforma. Las modificaciones ampliarían significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades catalogadas como vulnerables, incluyendo la exigencia de identificar a todos sus clientes con documentación oficial, y en el caso de personas morales, recopilar información precisa sobre sus beneficiarios.
También se establece la obligación de monitorear y reportar operaciones que antes no estaban sujetas a supervisión, ampliando el rango de transacciones fiscalizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, se mantienen restricciones al uso de efectivo, sin tomar en cuenta la limitada bancarización que aún persiste en gran parte del país.
Desde Coparmex señalan que cumplir con estas nuevas obligaciones implicaría una inversión considerable en tecnología, capacitación y asesoría externa, costos que muchas empresas —sobre todo las de menor tamaño— no están en condiciones de asumir. Contar con sistemas capaces de detectar operaciones inusuales y generar reportes conforme a los lineamientos oficiales representa un desafío técnico y financiero considerable.
Otro punto crítico son las sanciones previstas. Las multas podrían superar los 7.3 millones de pesos o alcanzar el 100% del monto de una operación. Además, la propuesta elimina la necesidad de probar la intención dolosa en ciertos casos, lo que podría derivar en sanciones penales automáticas.
Coparmex subrayó que si bien se comparte el objetivo de combatir el lavado de dinero, es fundamental que las normas se apliquen con criterios de proporcionalidad, gradualidad e incentivos que faciliten su cumplimiento, especialmente para las MiPymes, que constituyen el 99% del ecosistema productivo nacional.
La organización llamó a los legisladores a priorizar el diálogo y considerar la realidad operativa del sector empresarial en el proceso de análisis. En su propuesta, Coparmex plantea un modelo de cumplimiento escalonado, técnicamente acompañado y realista, que permita avanzar en la lucha contra el lavado de dinero sin poner en riesgo la viabilidad de miles de negocios formales.
