Una verdadera papa caliente, es la que tiene entre sus manos la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, por un caso grave de violencia institucional reiterada en contra de una activista.
La agraviada, incluso, ha otorgado la oportunidad al municipio de hacer justicia para que se aplique y cumpla con la ley, pero sus autoridades no han dado respuesta alguna. El caso les ha valido madre.
Lejos de solidarizarse con la afectada, la edil cholulteca se ha dedicado a encubrir en el caso a dos funcionarios públicos; uno de ellos, un abogado de medio pelo, de nombre Andrés Torres Jaramillo, y el otro, nada menos que su actual consejero jurídico, Raúl Sánchez Betanzos, quien en la anterior administración fungió como director jurídico de la Sindicatura.
Todo empezó por un tema menor, pues la activista descubrió latas de veneno para gatos colocadas en el fraccionamiento Villas de Atlixco, Sección 1, por lo que alertó a la mesa directiva.
A pesar de ello, y en lugar de tomar medidas preventivas, la autoridad permitió que se diera esa práctica, hasta que, nuevamente, la activista encontró a un gato moribundo, presumiblemente envenenado, y volvió a reclamar a su mesa directiva.
A pesar de ello, y al ver que se hizo caso omiso al reclamo, acudió al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, en donde solicitó la intervención para proteger a los animales, a los perros callejeros de la zona y hasta a los niños que juegan en la zona libremente.
Solo por ello, la mesa directiva se le echó encima y a partir de entonces empezó el acoso y el señalamiento a fin de que se callara e hiciera como que no pasaba nada.
Y es que la activista detectó muchas cosas que afectaban a la comunidad de ese fraccionamiento y exigió una respuesta ante el municipio, pero a partir de ahí las cosas se pusieron feas, pues por denunciar irregularidades fue señalada a grado tal que la citaron en el municipio a una reunión con un funcionario, quien disponía de oficinas y personal oficial.
El sujeto en cuestión era Andrés Torres, hijo de Felicia Torres, quien fuera síndica en la administración pasada, cuando el presidente municipal era Edmundo Tlatehui Percino.
Andrés Torres minimizó los señalamientos de la quejosa y, contrario a brindarle apoyo y protegerla, permitió que los integrantes de la mesa directiva la violentaran verbalmente, en una supuesta reunión de “conciliación”.
Después de eso, la afectada solicitó el cargo y responsabilidades de Andrés Torres, para buscar una sanción, pero de manera oficial, la contralora en turno le informó que el supuesto funcionario no laboraba en el Ayuntamiento, por lo que la activista confirmó, en otras áreas, que la versión era cierta, pues no trabajaba allí.
Incluso, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado, en donde incluyó el episodio negativo que experimentó con Andrés Torres.
A partir de entonces, entró en escena el entonces jurídico de la Sindicatura, Raúl Sánchez, quien, en vez de apoyar a la activista, empezó a asesorar a la mesa directiva; incluso, se le vio de visita, en horario no laboral, sin identificación ni uniforme ni vehículo oficial, en el fraccionamiento, donde lo presumieron como su “asesor”.
La activista, quien había recurrido a la Fiscalía del Estado, lamentablemente dio cuenta de que Sánchez Betanzos había movido influencias, por lo que la queja no prosperó. Posteriormente, acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, aunque también se topó con pared y descubrió que Felicia Jaramillo y su hijo eran amigos del entonces titular de la CDH Puebla.
Empero, como el acoso de la mesa directiva continuó, y la violencia institucional de Betanzos también, decidió presentarse, ya en la actual administración, con la presidenta municipal Lupita Cuautle.
Lamentablemente, mientras se quejaba, Sánchez Betanzos y los miembros de la mesa directiva se hicieron presentes, y a solo unos metros de distancia la acosaron, a tal grado que la afectada tuvo que pedirle a la edil que los agresores se alejaran; Lupita Cuautle fue testigo del acoso y solo prometió tomar medidas, cosa que nunca hizo.
Frente a todo esto, la activista tuvo el valor de ir sola, y de todo esto tiene documentos y pruebas, pues la promesa de la edil de hacer justicia solo quedó en eso, ya que Sánchez Betanzos y Andrés Torres en lugar de sanción recibieron un premio.
Betanzos es el consejero jurídico y Andrés Torres fue contratado como abogado.
De todo esto, a pesar de que se tienen señalamientos de violencia institucional, Andrés fue contratado a pesar de que cuando su mamá fungió como síndica, cometió el presunto delito de usurpación de funciones.
La Contraloría también se fue contra la activista, un claro caso de descarada colusión de funcionarios.
Así que como el acoso y violencia institucional siguen, después de por lo menos tres años y ya durante dos administraciones, la afectada acudió a Puerta Violeta de San Andrés Cholula, en donde el trato ha sido amable y donde se han puesto de su lado, aunque en el Ayuntamiento arguyen que los expedientes del caso se extraviaron y no existe nada que sustente todo el calvario de la activista. Afortunadamente, de los documentos extraviados la afectada tiene acuse con sellos del Ayuntamiento.
Y como la activista no va a parar hasta que se haga justicia, o hasta que por lo menos se aplique la ley y se sancione a la mesa directiva y a los funcionarios del Ayuntamiento, se vio obligada a acudir al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, hace apenas unos días, así como a la Secretaría de Gobernación, para que tomen cartas en el asunto y se sancione, además, a Lupita Cuautle por omisión y encubrimiento.
Así que mientras Lupita Cuautle “prepara” su candidatura al Gobierno del estado, sus malos funcionarios se empoderan solos y los titulares de las mesas directivas de algunos fraccionamientos hacen de su función una forma de vida y hasta de negocio, con la complacencia de la autoridad municipal.
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